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Un Proyecto Agropecuario

Un Proyecto Agropecuario para "Una vuelta al Campo"

Introducción Creo que los catastróficos niveles de desocupación, pobreza e indigencia son el resultado de la implementación de políticas sin solución de continuidad por lo menos desde el año 1955 a la fecha, con muy breves lapsos de intentos de cambios de las mismas.

Desde el mencionado año, a la fecha, diversos presidentes de la Nación anunciaron sus intenciones de implementar políticas tendientes al aumento de la producción y del empleo. Pero siempre, indefectiblemente, en los comienzos de la gestión efectiva, “descubrieron una realidad” que “los obligó” a modificar sus anuncios y continuar profundizando las políticas de sus predecesores. Así se llegó a la actual situación. Pero el camino hasta llegar a la situación actual estuvo pavimentado de erróneas postulaciones por parte de quienes, con posibilidades de acceder a los sucesivos gobiernos Constitucionales, se manifestaron a favor de un cambio de políticas, ya que siempre, al concretar sus esfuerzos, terminaron coincidiendo en el mantenimiento de mitos conducentes a orientar la producción hacia la satisfacción de demandas del mercado externo. Lo anterior implica el permanente triunfo electoral (sin entrar en juicios de legitimidad) de una cultura “industrializadora” capital intensivo en todos los sectores productivos y de servicios, perdiendo de vista la riqueza nacional en recursos, naturales renovables y no renovables, y la funcionalidad de los mismos en la implementación de un Proyecto Nacional que incluyera en sus beneficios a la totalidad de los habitantes de la Nación y no a una cada vez más reducida minoría, en términos relativos. La mencionada cultura y la deficiente formación de los profesionales que adhieren a ella, puede ser visualizada en el hecho de que actúan siempre al margen de un Proyecto de Nación Soberana, Independiente, Justa y Solidaria, con serias implicancias sobre la dilapidación de recursos no renovables y el aprovechamiento de los renovables bajo criterios “mineros”, lo que queda disfrazado por el uso de indicadores de crecimiento y desarrollo funcionales a dicha cultura. Así, los cultores de la cultura “industrializadora”, “modernizante”, manipulando indicadores macroeconómicos continúan vendiendo un “futuro venturoso” que exige sacrificios de la mayoría nacional, sin especificar el tiempo de demandará alcanzar el mismo, mientras las minorias gozan anticipadamente de los beneficios que alguna vez ¿nos alcanzará a todos por igual?. Uno de los mitos, “lo posible”, constituye la cabecera de las políticas implementadas por los cultores de la “cultura industrializadora”, “modernizante”. Por ello, “lo posible” dio lugar a la transnacionalización de la actividad económica y de servicios. Sus implicancias en el sector agropecuario son muy evidentes: concentración de la disponibilidad de suelos aptos para la producción y sus consecuencias, que explicitaremos más adelante, entre las que se destacan la “expulsión” de habitantes del sector en particular y del medio rural en general; la presencia de pueblos fantasmas; y diversas externalidades negativas involucradas con el método de producción aplicado en el sector. Desocupación, Hambre y Modelo Agropecuario El promedio anual de la superficie sembrada en el último sexenio del siglo XX esta aproximadamente en el orden de 24,6 y la cosechada en 21,3 millones de hectáreas respectivamente. Pero la estructura según especies cultivadas se encuentra profundamente modificada respecto a las décadas anteriores, predominando hoy aquellas cuyos productos y subproductos están destinados principalmente a la exportación, y residualmente a atender la demanda interna de bienes e insumos. Así, por ejemplo, entre los promedios de los períodos 1985/86-1989/90 y 1995/96-2000/2001, la superficie sembrada con girasol pasó de 2,45 a 3,31 y la de soja lo hizo de 4,24 a 7,41 millones de hectáreas respectivamente, lo que implicó un aumento de alrededor de 4,03 millones de hectáreas cultivadas con estas oleaginosas. Por su parte, entre los promedios de los lapsos mencionados, la superficie cultivada con cereales pasó de aproximadamente 12,25 a 13,42 millones de hectáreas (o sea un aumento de 1,17 millones de hectáreas). En este caso el incremento fue debido al aumento (1,87 millones de hectáreas) de la superficie cultivada principalmente con maíz, trigo y arroz, y secundariamente con cebada cervecera y trigo candeal, observándose fuertes disminuciones (703 mil hectáreas) de las superficies con alpiste, cebada forrajera, centeno, mijo y sorgo granífero, y en menor magnitud la de avena debido a la diversificación del uso de este grano. Lo anterior implica que la superficie cultivada con oleaginosas y cereales aumentó globalmente 5,20 millones de hectáreas. De este aumento, parte corresponde a cambios de uso del suelo (en la región pampeana principalmente) y a la expansión “hacia afuera” de la frontera agropecuaria. El aumento de la superficie cultivada no tuvo un correlativo incremento en la cantidad de explotaciones agropecuarias, la que entre 1969 y 1988 disminuyó 160.073 unidades, mientras que lo ocurrido desde 1988 a la fecha posibilita suponer que dicha cantidad estaría en un orden de alrededor de 240.000 explotaciones. Por otra parte, entre 1988 y 1999 las existencias pecuarias (vacunos + ovinos + caprinos + equinos) pasaron de alrededor de 75 a 66,5 millones de cabezas respectivamente, liberando una significativa superficie para otros usos. Como el principal mercado de absorción de la oferta de carne es el interno, puede explicarse la disminución del consumo de carne por habitante-año estimada globalmente en alrededor de 21 kg-año, no compensados en cantidad ni en calidad por carne aviar (existiendo, por la tecnología aplicada en su producción, serias dudas respecto a sus efectos sobre la salud humana) y pescado, entre otras. En lo que respecta al consumo de agroquímicos (fungicidas, herbicidas, insecticidas y otros), excluyendo fertilizantes, entre los años 1989 y 2000 aumentó en cantidad y toxicidad, lo que implica mayor riesgo de contaminación con sus previsibles efectos sobre la salud humana debido a la ingesta de alimentos y/o de agua, así como por contacto, aspiración, etc., en el momento de aplicación de pesticidas o mientras permanece en la vegetación o en los suelos tratados. El aumento de riesgo para la salud humana es debido al uso de un mayor número de principios activos (al año 2000, 31) calificados por la OMS como altamente y extremadamente peligrosos, muchos de ellos importados y de uso prohibido en sus países de origen. También, para una evaluación de las externalidades negativas generadas por el modelo agropecuario vigente, es necesario recordar la evolución de la fuerza de trabajo ocupada en el sector agropecuario nacional, al igual que la evolución de la población rural. En 1988 del INDEC censó 1.032.215 personas que trabajan en forma permanente en las explotaciones agropecuarias, incluyendo los titulares de alguna forma de tenencia, sus familiares y no familiares, estimándose que dicha cantidad se incrementaría en alrededor de un 10% si se le agregaran las personas censadas en explotaciones sin límites definidos. Cabe señalar que en el año 1908 trabajaban en las explotaciones agropecuarias, con límites definidos, aproximadamente 2,3 millones de personas; en el año 1937 lo hacían alrededor de 2,0 millones y en 1969 poco más de 1,8 millones. Por su parte, la Población Rural censada en el año 1960 totalizó aproximadamente 5,25; en 1970 alrededor de 4,91, en 1980 poco más de 4,75 y en 1991 prácticamente 4,18, millones de personas respectivamente. Pero también con fines de la evaluación final del actual modelo agropecuario, cabe recordar que uno de los principales argumentos usados por los “modernizadores” de la actividad, es el del aumento de la producción y los sucesivos “records” de su volumen total. Para ello apelan a comparaciones entre las toneladas de granos y cereales obtenidas actualmente, con las cosechadas en períodos anteriores, o sea entre resultados de estructuras de producción muy diferentes entre sí, sin tener en cuenta sus reales resultados. O sea, los “modernizadores” no tienen en cuenta que en el anterior modelo de producción agropecuaria tenía mucha importancia el uso, de una parte significativa de la superficie sembrada, en la alimentación animal (pastoreo directo), por lo que en dicha superficie la cosecha de cereales era complementaria de la producción de carne. Con el actual modelo de producción agropecuaria, se estima que unos 2.000 “hombres de negocios” controlan en promedio alrededor de 10.000 hectáreas cada uno (entre propias, arrendadas, u otras formas de tenencia), o sea unas 20 millones de hectáreas (80% de la superficie cultivada) . Si además de lo ya explicitado se tiene en cuenta la disponibilidad de superficie apta para la actividad agropecuaria, así como la de agua para riego (actualmente muy subutilizada y en muchos casos con concesiones concentradas) y la superficie en bosques nativos con una oferta de múltiples productos “ignorados por el mercado”, resulta fácil inferir la responsabilidad del modelo agropecuario vigente en una parte significativa de la desocupación estructural, la que a la vez es responsable del Hambre que padece una porción significativa de argentinos, tanto de los expulsados del sector, como de sus hijos. Pero además resulta clara su responsabilidad en la desaparición total o parcial de pueblos rurales y de sus poblaciones, que brindaban servicios a los predios agropecuarios, junto a los cuales desaparecieron además las pequeñas granjas de producción integral que abastecían parte de los requerimientos alimentarios de la población de dichos pueblos rurales. Y la responsabilidad sobre los efectos negativos del modelo vigente puede también extenderse a los procesos de degradación ambiental, a la disminución de la calidad biológica de los productos agropecuarios; a la mayor presión y a sus consecuencias sobre los servicios urbanos de los centros humanos receptores de la migración rural, a la desestructuración y la mayor vulnerabilidad familiar, entre muchos otros de tales efectos. Síntesis de la Propuesta Objetivos de Mínima 1. Elevar la calidad de vida de la población rural, tanto la localizada en las explotaciones agropecuarias como en los Pueblos concentradores de la oferta de servicios al sector. 2. La plena vigencia de la Constitución Nacional y por lo tanto la modificación de la legislación y normativa vigentes, en general, para adecuarla a ella. 3. Generar las condiciones requeridas para asegurar el desarrollo sustentable o sostenible en el sector, entendido éste como un estilo de desarrollo que orienta el uso de los recursos para la satisfacción de las necesidades de la población, como forma de elevar la calidad de vida de la actual y de las futuras generaciones, a través de la utilización integral de los recursos a largo plazo, maximizando la producción, el aprovechamiento y el uso integral y minimizando la degradación, el desaprovechamiento y el uso parcial de los mismos, aplicando tecnologías adecuadas y con la activa participación de la población en las decisiones fundamentales. Para alcanzar tales objetivos mínimos, se considera necesario lo siguiente: · Reestructuración de la SAGPyA, para adecuarla al papel que debe cumplir como parte del Estado Nacional en la regulación y control de las actividades desarrolladas en el sector. Como parte de dicha reestructuración, respecto a los componentes de la Secretaría debe modificarse el funcionamiento autónomo en unos casos y/o autárquico en otros, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus actividades, entre las cuales tienen un lugar importante: · la elaboración de políticas activas y de propuestas de leyes al Congreso de la Nación, a las Legislaturas Provinciales y a los órganos Municipales, en los casos que corresponda; · la jerarquización de la intervención de la SAGPyA en las actividades de la Subsecretaría de Alimentación y Mercados, agregándole las funciones concernientes a la elaboración, implementación y control de la agroindustria, con énfasis en el fomento y desarrollo de la agroindustria de menor tamaño, destinada a agregar valor a la producción de pequeños productores nucleados en unidades asociativas agroindustriales; · la recreación del IFONA, con incumbencias tanto respecto al bosque nativo como al implantado y la recuperación del espíritu de la Ley Nº13.273, en especial en lo concerniente al manejo sostenible de la producción y aprovechamiento de los múltiples productos del bosque nativo, privilegiando la reforestación con especies nativas; · el fortalecimiento institucional para el eficiente ejercicio del poder de policía conferido por las leyes, que no debe ser delegado a instituciones del sector Privado; · la investigación de temas estratégicos, que tampoco debe ser delegada al sector Privado; · lo anterior implica, entre otros aspectos, la recreación de una Dirección Nacional o de un Instituto responsable de la investigación, multiplicación, control, y de todas las actividades relacionadas con las normas técnicas y de calidad de las semillas, incluyendo lo concerniente a las creaciones fitogenéticas y biotecnológicas, ya que se trata de un tema estratégico para el Estado Nacional; · la incorporación, en la elaboración de sus políticas y actividades, de la dimensión ambiental en general y del cambio climático en particular. Entre otros beneficios, ello le posibilitará, por ejemplo, tratar el problema de las inundaciones usando criterios de manejo integral del agua; · la implementación de la comunicación y extensión social, con mayor énfasis hacia los sectores de productores más vulnerables en particular, y de pequeños y medianos en general; · la activa promoción, fomento y participación, con otros Organismos/Instituciones del sector Público, en la implementación del retorno a las actividades agropecuarias de productores, o de sus hijos (que fueron “expulsados” del sector en la segunda mitad del siglo XX por la aplicación de incorrectas políticas), diseñando e impulsando la creación de nuevas formas asociativas que posibiliten adecuadas economías de escala. Esta política integral implicaría la necesaria reparación histórica a los expulsados de sus pequeñas y aún de medianas unidades de producción. Una política semejante debería ser aplicada para la instalación de nuevos productores agropecuarios (véase propuesta: Movilizar la Fuerza de Trabajo); · la activa promoción, fomento y participación a través de la asistencia técnica, la comunicación y la extensión, al desarrollo de la agricultura orgánica, incluyendo otras actividades productivas asociadas tanto a la agricultura como al manejo sustentable de los bosques nativos para aprovechamiento de los múltiples productos generados en ellos, incluyendo la miel, los hongos, plantas medicinales, tintoreas, etc.; · la creación de Juntas de productos estratégicos, en el marco del régimen federal (Juntas Nacional, Regionales, Provinciales), que posibiliten un adecuado reordenamiento y control en los circuitos de los productos, incluyendo exportación – importación, con el objetivo de que los ingresos generados por la actividad beneficien a los productores; · la implementación, en conjunto con otros Organismos/Instituciones del sector Público, nacional, provinciales y municipales, de políticas integrales activas para concretar la debida reparación histórica a las hoy minorías Aborígenes; · impulsar un cambio sustancial en la tributación del sector, consolidando la diversidad de impuestos en un Unico Impuesto a la tierra, bajo criterios progresivos en función de la superficie y localización. A la par, la tributación deberá constituir un instrumento para incentivar el cumplimiento de programas de producción y de solidaridad social. Entre los de solidaridad social debería incluirse la participación de la mano de obra asalariada permanente y transitoria en los beneficios resultantes de la producción, así como en la cogestión empresaria y en otras formas de participación en la gestión integral de la actividad; · impulsar el establecimiento de un sistema de seguridad social integral para los productores, incluyendo sus familias, así como para los asalariados permanentes y transitorios y sus familias, que los asegure obligatoriamente contra todo riesgo y accidentes, incluyendo desocupaciones debidas a desastres naturales (inundaciones, granizo, incendios, etc.; · promover, apoyar y fomentar la agremiación real de los productores y la de los trabajadores involucrados en las actividades de la producción agropecuaria, a fin de posibilitar la activa y plena participación de éstos en la política sectorial y en la implementación de ella; incluyendo la organización con fines de comercialización en el mercado interno (incluyendo mercados informales) y externo; · implementar una política de ciencia y tecnología que se corresponda con los cambios que se postulan para el sector, superando el actual nivel de conducta imitativa de lo que se desarrolla en países considerados avanzados, que generalmente implican altos subsidios energéticos con degradación de los recursos naturales y expulsión de grandes contingentes de mano de obra; · promover una política que de respuesta definitivamente a los problemas generados por la deuda, con el sistema bancario nacional, a los productores que operan en predios de menos de trescientas hectáreas en la Región Pampeana, o de superficies equivalentes en el resto del País; · Promover, apoyar y fomentar la reactivación y la instalación de plantas agroindustriales en el interior del País. Existen plantas cerradas que podrían servir de instrumentos para la creación de unidades de producción integradas verticalmente, en las que estén asociados los productores de materia prima, el personal que opera las plantas, y centros comerciales para la venta de los productos. La mayoría de las plantas industriales cerradas son prácticamente de propiedad de los Estados nacional y provinciales. Esta política posibilitaría disminuir las migraciones hacia centros urbanos en búsqueda de oportunidades de trabajo; · Promover, apoyar y fomentar la exportación de productos agropecuarios con adecuados niveles exigibles de valor agregado; · Promover, apoyar y fomentar el consumo interno de productos agropecuarios a nivel de los sectores de menores ingresos, con creación de mercados cooperativos específicos que posibiliten disminuir los precios, tanto a través de marcas especiales como por reducción de la carga impositiva y el otorgamiento de créditos cuyas tasas de interés sean adecuadas a la actividad. El incremento de la recaudación impositiva debe ser el resultado de una adecuada fiscalización, lo que implica aumentar la cantidad de inspectores de la AFIP y el establecimiento de Tribunales del Fuero Fiscal de emergencias; · Promover, apoyar, fomentar e implementar en caso necesario, programas de capacitación de los productores, tendientes a que éstos maximicen los beneficios que posibilitan obtener la implementación de las políticas enunciadas en la mayoría de los puntos anteriores, con especial énfasis respecto a los productores que se reinsertan en el sector y a los nuevos productores, incluyendo los beneficiarios de las políticas tendientes al manejo de los bosques nativos para el aprovechamiento de la múltiple oferta producida en éstos (véase la propuesta: Movilizar la Fuerza de Trabajo: Una Vuelta al Campo), incluyendo las actividades agroindustriales, tanto las concernientes a la producción de alimentos como de insumos para la producción de medicinas, artesanías, etc.; · Establecer políticas eficaces y eficientes para el control de las evasiones impositivas en la comercialización de existencias pecuarias. El instrumento a utilizar en el control puede, a la vez, ser un instrumento eficaz y eficiente en la lucha contra el abigeato de aquellas (véase la propuesta: Libro Ganadero). Si bien la propuesta de políticas mínimas arriba enunciadas constituyen definiciones precisas, cabe señalar que ellas no agotan las necesarias de implementar para transformar la actual orientación del Estado en materia agropecuaria y forestal. Pero sí, sobre la base de aquellas es indudablemente factible el diseño y la implementación de una estrategia de crecimiento y desarrollo agropecuario y forestal sustentable, sin dudas alternativa de la actual, con significativos efectos sobre la calidad de vida de la población rural, incrementada por “Una Vuelta al Campo” de los expulsados del sector y de nuevos productores incorporados a él. Guillermo Gallo Mendoza Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Tucumán, 1950-1952 Director de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de Tucumán. 1958-1963 Jefe del Departamento de Planificación, e Interino de Investigaciones, en la Dirección de Sociología Rural/Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación 1964-1966 Asesor en temas agropecuarios en el Sector Análisis Económico y Financieros, Consejo Nacional de Desarrollo/Presidencia de la Nación. 1966-1968 Asesor por FAO en Bolivia, en temas de Estructura y Reforma Agraria 1968-1973 Director Técnico de SUDCONSULT S.C.A. 1973-1974 Ministro de Asuntos Agrarios en la Provincia de Buenos Aires 1974-1976 Responsable del área de estudios socioeconómicos y ambientales en los Estudios Binacionales (Argentina – Brasil) sobre el Río Alto Uruguay y el Pepirí Guazú para la selección de alternativas Hidroeléctricas. Ente Argentino: HIDRENED. 1976-1978 Investigador de Fundación Bariloche/PNUD-OLADE en el Estudio sobre Nuevas Fuentes de Energía en AL 1978-1979 Contratado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)/México y por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)/México 1980 Contratado por DTCD (Naciones Unidas) para participar en Bolivia en Estudios Agrarios conjuntamente con Expertos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la OIT. 1981-1984 ATP-5 de la FAO, como Director del Programa de 5 Posgrados, Seminarios y Talleres implementado con la CODAI / SARH, para México y los Países de Centro América y El Caribe 1984-1985 ATP-5 de la FAO como Director del Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Cooperativo en Nicaragua 1985-2000 Investigador Principal y Profesor Titular en el Instituto de Economía Energética (asociado a Fundación Bariloche) en temas agrarios, energéticos y ambientales 1996-2000 Vicepresidente del Instituto de Economía Energética (asociado a Fundación Bariloche) 1994-2002 Vicepresidente de la Fundación Instituto Latinamericano de Políticas Sociales