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El SENASA y la Resolucion 108/2001

El Frente Agropecuario ( FAN ), como entidad representativa del agro, y con referencia a la Resolución 108/2001 publicada en el Boletín Oficial el 21 de febrero pasado, la cual crea el Registro de Entes Sanitarios y establece los Deberes y Atribuciones de los Entes inscriptos en él, formula las siguientes consideraciones y reclamos que ponemos a consideración de los funcionarios responsables, de los productores agropecuarios y de la opinión pública.

LOS CUESTIONAMIENTOS 1- PORQUE, LA R-108/2001, LESIONA DERECHOS CONSTITUCIONALES Y TRANSFIERE OBLIGACIONES INDELEGABLES DEL SENASA Al crear nuevas organizaciones sanitarias paragubernamentales, la Resolución 108/2001 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, limita y transfiere, a ellas, parte del derecho de propiedad y decisión empresaria de los productores. También, y como consecuencia de la misma resolución, el Servicio Nacional de Sanidad, renuncia, delega, subordina y transfiere su poder de policía a estas mismas entidades paragubernamentales o de derecho público no estatal. Se trata de derechos constitucionales de los productores pecuarios y obligaciones legítimas e indelegables del organismo sanitario del Estado Nacional que ninguna resolución puede anular. El artículo 2* de la norma concede el protagonismo de la lucha sanitaria más allá de sus actores naturales -el SENASA y los productores-, a “ fundaciones, entes sanitarios locales, sociedades rurales, asociaciones de productores u otras entidades creadas o a crearse” y que tengan por objeto nada menos que “propiciar el desarrollo de acciones sanitarias específicas, fomentar la producción y promover y controlar el comercio y movimientos de ganados, a fin de lograr la mejora de las condiciones sanitarias y desarrollo de las exportaciones” (SIC). Determinadas atribuciones conferidas a estos Entes Sanitarios paragubernamentales solo pueden ser atribuidas por Ley, por cuanto afectan derechos constitucionales garantizados: 1 a- Al atribuírseles la facultad de fijarse sus propios aranceles ( Véase Art. 22 ). 1 b- Al conferírseles amplísimas atribuciones que les acuerda el Art. 9*, que restringe y limita los derechos personales de los productores agropecuarios: Libertad, igualdad, propiedad y autonomía 1 c- Al ordenar reglamentaciones que nuestra Constitución solo permite establecer por Ley, sometida siempre al examen de su constitucionalidad. Véase a título de ejemplo los inc. 6, 7, 8, 11, 14, y 15 de la Resolución 108/2001. Entre otras atribuciones y funciones determina, las de investigar, participar en campañas publicitarias, asesorar sobre el comercio de ganados, concertar convenios, proponer y considerar sanciones, publicar información económica y técnica, elaborar estadísticas, realizar censos, coordinar normas para el control sanitario del transporte de ganado, etc. Así directamente se las autoriza a “establecer las normas de calidad y especificaciones en que se desarrollen las acciones sanitarias (art. 9 inc.7), “adoptar las medidas necesarias para promover las acciones sanitarias (art. 9 inc. 8), “intervenir en la propuesta y consideración de sanciones previstas en las normas sanitarias” (art. 9 inc. 11) y, por las dudas, “las fundaciones tendrán todas aquellas otras funciones y atribuciones que sean conducentes al mejor cumplimiento de esta norma” (art. 9 inc. 15), y están facultadas para “establecer una metodología operativa” (art. 10 inc. 1)En otro orden de ideas están autorizadas para proponer al SENASA “las normas de comercialización de ganado” (art. 9 inc. 6). Responsabilidades, en realidad atribuciones que exceden las facultades normativas del SENASA, viciadas de inconstitucionalidad. Se restringe las acciones del SENASA al incorporar a las UEL por el Art. 22. También cuando crea una generalidad de Entes Sanitarios y Fundaciones como reemplazantes ( pagos por los productores ) del SENASA en las actividades que esta no puede o no quiere asumir. 2- PORQUE ESTABLECE, PARA ESTOS NUEVOS ENTES SANITARIOS, POR RESOLUCIÓN DE UN ORGANISMO DE 3* GRADO, DEBERES Y ATRIBUCIONES SIN LEY ESPECIFICA QUE LA SUSTENTE NI ANTECEDENTES JURÍDICOS Y TÉCNICOS SUFICIENTES Los antecedentes normativos de la Resolución de la S.A.G.P y A. de la Nación N* 108/2001, la cual crea el Registro de Entes Sanitarios y establece sus deberes y atribuciones, no recomiendan técnicamente ni sustentan jurídicamente lo ordenado por ella. Invocar, para sus delegaciones en las UELES, fundaciones, instituciones privadas y COPROSAS, a las leyes 24.305 (de lucha contra la fiebre aftosa) y 24.696 ( de lucha contra la brucelosis) es inconstitucional e irrazonable. La Resolución 108/2001 carece de Ley específica que la sustente -al menos la lucha contra la aftosa y la brucelosis tienen este necesario y específico sustento legal-. Se trata de una normativa que pretende ampliar las atribuciones y delegaciones ya efectuadas por el SENASA para el caso de esas dos enfermedades pero ahora abarcando, por Resolución, la supervisión de planes de lucha contra cualquier enfermedad animal, cuando es claro que esto precisa ley, conforme a sus antecedentes. Estos nuevos y costosos entes que pretenden introducirse tan onerosamente entre productores y SENASA no limitan su acción al combate de la fiebre aftosa sino que apuntan al control de toda la sanidad animal lo que permite alentar la conjetura de que se va a crear una burocracia artificial, ortopédica e innecesaria para siempre, a contramano del proceso de desregulación y a costa del patrimonio del habitante en general y de los productores en particular. Es hora, como lo han manifestado las autoridades nacionales, de que se racionalice la administración pública. Este objetivo quizá podría cumplirse si, al menos, esta limitara su expansión e irresponsabilidad administrativa autorizando a organismos nacionales que son irremplazables a delegar funciones en otras entidades a las que nunca ha controlado de manera efectiva. Así como se crearon, por ley especial, los organismos para combatir determinadas enfermedades, así se deberá hacer en todo caso. Pero nunca realizarlo por Resolución de una entidad de 3* grado como lo es la S.A.G.P. y A. de la Nación ( 1* grado: Poder Ejecutivo Nacional, 2* grado Ministerio de Economía y 3* grado la Secretaría de Agricultura ). Sin una Ley específica, las delegaciones que confiere la Resolución 108/01 son ilegales, afectando diversas garantías constitucionales por simple Resolución de una Secretaría de Estado. 2 a- TRANSFIERE FUNCIONES INDELEGABLES DEL ESTADO NACIONAL La Resolución 108/2001 invoca como su fundamento legal a la antigua Ley 23.959 del 10 de octubre de 1960. Esta norma que trata sobre Policía Sanitaria de los animales se refiere a una necesidad evidente que obliga a la actividad estatal. No obstante debemos destacar que, ella se refiere exclusivamente a las misiones y tareas del Estado Nacional y de sus estructuras, como por ejemplo las del SENASA y no a la deserción de dichas misiones y tareas mediante su delegación en otras entidades públicas ( como las comisiones provinciales COPROSAS ). Menos aún en entidades privadas ( Fundaciones, Unidades ejecutoras locales, entidades agropecuarias etc. ) Por otra parte, el decreto N* 1585/96 encomienda al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA) la responsabilidad de ejecutar políticas nacionales pero de manera alguna les permite que las deserte delegándolas en entidades privadas, menos todavía erigidas en paraestatales. Precisamente, la deserción por parte del Estado de sus misiones específicas, la dispersión de responsabilidades y la consecuente inoperancia del sector público, es uno de los más graves problemas que la sociedad Argentina enfrenta hoy. En cuanto al SENASA, esto se refleja de manera alarmante. 2 b- UTILIZA, COMO ANTECEDENTE, A LA LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA La Resolución 108/2001 también se fundamenta en la ley N* 24.305 de 1994, referida al programa nacional de lucha contra la fiebre aftosa. La aplicación de esta Ley que favorece, en exceso evidente, la claudicación y delegación de las atribuciones específicas del SENASA, ha permitido que nuestro país se haya autodeclarado “ libre de aftosa sin vacunación “ de manera prematura e inexacta y a pesar de numerosas apreciaciones técnicas en sentido inverso a esa decisión. Se dejo de vacunar contra la fiebre aftosa por razones políticas, se ocultaron los brotes de fiebre aftosa por motivos políticos y ahora se pretende controlarla nuevamente con una resolución amañada a intereses políticos y corporativos inaceptables. 2 c- INVOCA, COMO ANTECEDENTE, A LA LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA BRUCELOSIS La Resolución de la S.A.G.P y A. de la Nación N* 1175 se fundamenta en la Ley 24.696 de lucha contra la Brucelosis bovina. Esta norma no solamente mantuvo la deserción por parte del SENASA de sus actividades específicas y la delegación de ellas en una pluralidad de órganos inoperantes ( Véanse Art. 2, 3 y 23 de la Ley 24.696 ) sino que sirvió para la emisión de la Resolución de la S.A.G.P y A. de la Nación N* 118 que oportunamente el Frente Agropecuario ( FAN ) impugnó. En efecto, dicha resolución implementó un Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina, carente de razonabilidad económica, técnica y jurídica. Invocando el objetivo indiscutible de una mejor sanidad pretendió imponer costos enormes y absurdos a los productores en función de objetivos absolutos e inalcanzables, de manera de crear un mercado cautivo a favor de los laboratorios, fabricantes de insumos y de profesionales carentes de incumbencias rentables. A la vez incorporó la lucha contra la Tuberculosis Bovina sin siquiera Ley que lo autorizara. Otro hecho que suma beneficios económicos a sociedades e individuos con fines de lucro y nuevos costos de producción que terminan por agravar la falta de competitividad al desviar las inversiones agropecuarias de sus canales adecuados e imponerles el sustento de burocracias estatales y privadas. 3- PORQUE INDIRECTAMENTE CONFIERE PODERES POLÍTICO-CORPORATIVOS, MONOPÓLICOS Y DEPENDIENTES DE LOS GOBIERNOS DE TURNO Los recursos, las facultades y la cadena de dependencia de estos entes sanitarios, respecto a los diferentes niveles gubernamentales, que otorga y ordena la resolución 108/2001 les confieren, en el ámbito local, un poder político-gremial, monopólico y corporativo, y a través de las COPROSAS, dependencia de las administraciones provinciales. Estas nuevas organizaciones sanitarias corporativizando fondos del SENASA y aranceles coercitivos a cargo de los productores terminarán siendo, con la pantalla de una loable lucha sanitaria, organismos fagocitantes de la representatividad de las propias organizaciones gremiales que las crearon, corporaciones monopólicas locales en contra del pluralismo representativo y al servicio de los intereses político partidarios de los gobiernos provinciales de turno. 4- PORQUE CONTAMOS CON UN SENASA CON 3.400 EMPLEADOS Y UNA AMPLIA RED DE DELEGACIONES LOCALES QUE PUEDEN Y DEBEN CONTROLAR EFICIENTEMENTE LA SANIDAD ANIMAL A pesar de sus 2.600 empleados de planta, de sus 800 contratados y de sus múltiples delegaciones locales distribuidas sobre todo el territorio nacional, la función del SENASA se restringe a supervisar. Sus tareas, ahora -desertadas- serán llevadas a cabo por UELES, fundaciones, organizaciones de productores privadas y por comisiones provinciales (COPROSAS) reiterándose, ahora en escala ampliada, el esquema cuestionado y utilizado en el plan de lucha contra la Brucelosis y Tuberculosis Bovina. Un plan que rechazamos por abusos y errores a los que dio lugar su implementación práctica y legal. El otorgamiento de facultades tan amplias supone el virtual desguace del SENASA que debería quedar reducido entonces a un escaso número de funcionarios con competencia de mero contralor, al tiempo que reposa, en una filosofía intervensionista de corte tutelar y en la equivocada idea de que empleados, técnicos o veterinarios de una fundación tendrán más interés y eficacia, en el control sanitario de los rodeos, que el propio dueño de la hacienda con el lógico contralor de un SENASA ejerciendo su poder de policía en el ámbito nacional. No se advierte razón legítima alguna por la cual los productores deban soportar tan artificial y onerosa curatela intermedia entre el SENASA y ellos mismos. Desde el punto de vista señalado existe un insalvable vicio de inconstitucionalidad por pretenderse echar mano de medios irracionales e inconducentes para lograr el objetivo del adecuado control sanitario. 5- PORQUE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTAMOS DISPUESTOS A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES SANITARIAS QUE DETERMINE EL SENASA La resolución de la Secretaría de Agricultura de la Nación parte de la base de que todos los ganaderos son infractores a las disposiciones del SENASA y desaprensivos frente a las enfermedades de su ganado. No podemos aceptar esta inversión de la prueba. Las resoluciones y disposiciones gubernamentales deben considerar, en primer término, a todos los ciudadanos, en este caso, a los productores agropecuarios, dispuestos a cumplir con la Ley; y como consecuencia a los deshonestos aplicar, según corresponda, un tratamiento específico penal o contravencional por sus acciones incorrectas. 6- PORQUE SE ESTABLECEN APORTES DEL SENASA, Y ARANCELES SANITARIOS A CARGO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Los cuestionamientos a la Resolución 108/2001 derivan de la deserción del Estado de sus funciones indelegables, de la descarga de sus tareas en “colaboradores” privados y de un sinnúmero de gastos y honorarios de dichos colaboradores privados a cargo de los productores agropecuarios. De esta manera las mujeres y los hombres del campo deberán financiar indirectamente el nivel de remuneraciones y de trabajo de los empleados del SENASA, ahora dedicados a “supervisar” a entidades privadas. En muchos casos cuestionadas en su representación e imposibilitadas de ser financiadas con fondos provenientes de las organizaciones que les dieron origen. Todas esas tareas de semejante magnitud creadas por una Resolución de un Secretario de Estado (ni siquiera por un Decreto del Poder Ejecutivo) que afectan de manera manifiesta, directa y arbitraria, el ejercicio de derechos constitucionales no resultan gratuitas sino que para su atención se establecen aportes del SENASA en detrimento de su propio presupuesto, sin precisar la específica partida presupuestaria, al mismo tiempo que se faculta ligeramente a estas nuevas organizaciones a establecer aranceles por la labor que se les encomienda. Caravanas, microchips, sangrados indiscriminados, permisos, certificados, planillas, profesionales acreditados, autorizaciones y restricciones, entre otros requisitos, que demandarán aranceles compulsivos para su sostenimiento y suculentos fondos públicos del SENASA, privatizados por Resolución. Fondos para Entes Sanitarios que controlarán enfermedades del ganado que los productores sabemos que tenemos que combatir, que estamos convencidos que debemos hacerlo y que individualmente lo podemos realizar, junto a los profesionales y colaboradores de nuestras empresas, con eficiencia, responsabilidad y sin intermediación ni costo operativo alguno. Por su parte, el SENASA tiene la obligación indelegable de aplicar todos los controles que considere convenientes para el cumplimiento de sus directivas. También las sanciones que correspondan. 7- PORQUE NO SE PUEDE DECIR QUE SE HA ACORDADO CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUANDO LA DIRIGENCIA REPRESENTATIVA DEL SECTOR CARECE DE MANDATO SUFICIENTE PARA ACORDAR ARANCELES QUE DISMINUYEN LA COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS En estas cuestiones, ni el dirigente agropecuario más representativo, tiene mandato suficiente para apoyar y propiciar, en nombre de sus representados, leyes y/o resoluciones que autoricen el cobro, de manera compulsiva de estos aranceles, tasas de promoción y/o costos operativos burocráticos de planes sanitarios que se pretenden aplicar. Si en lugar de eliminar las causas de la crisis de competitividad que padece la empresa rural se agregan otras bajo la forma burocrática de “costos argentinos” el estado de quebranto que padece la empresa rural continuará agudizándose sin alternativas. LA JURISPRUDENCIA Resulta entonces aplicable “mutatis mutandis” la jurisprudencia sentada desde antiguo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos similares a los resueltos en los autos “ Canale c/ Provincia de Mendoza” “ ( Fallos”: 118: 278) oportunidad en la que el Alto Tribunal Federal sostuvo que “si bien los tribunales no están llamados a examinar la oportunidad y conveniencia de las medidas legislativas o administrativas tendientes a proteger la salud pública, es incuestionable que, de acuerdo con los artículos 14, 17, 19, 20 y 28 de la Constitución Nacional, la doctrina y la jurisprudencia pueden resolver en circunstancias extraordinarias de manifiesto e insalvable conflicto entre aquellas y la ley fundamental, que las mismas no tienen razón con sus fines aparentes y que se han desconocido con ellas, innecesaria e injustificadamente, derechos primordiales que el Poder Judicial debe amparar, como es el goce normal y honesto de la propiedad sin perjuicio de tercero y el ejercicio de profesiones e industrias lícitas, porque, de otra suerte, la facultad de reglamentación de las legislaturas y municipalidades sería ilimitada y las leyes, u ordenanzas locales o nacionales sobre la materia, podrían hacer ilusorias todas las garantías acordadas al habitante del país” (art. 31 de la Constitución Nacional; “Fallos”: 98:52; 116:116; 117:432; 123,U.S., 662; 195,U.S., 123 y otros; Cooley; ob.cit;pág.292). Obsérvese que en la jurisprudencia transcripta se descalificaba una ley provincial que pretendía salvaguardar la salud humana; con cuánta más razón resulta aplicable en este caso que, se trataría de la Resolución administrativa de un Secretario de Estado que pretende atribuir tal cúmulo de atribuciones a entidades de derecho público no estatal que importaría la creación de múltiples soviets locales que reducían el derecho de propiedad y de comerciar de los productores ( art. 14 y 17 de la C. N. ) a simples enunciados retóricos y que lleva a la renuncia virtual de las funciones propias e indelegables que corresponden al SENASA desde principios del siglo pasado. A mayor abundamiento, téngase presente que aún en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que tanta influencia tuviera y conserva sobre la de nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al abordar el tema de la delegación legislativa del Congreso en el Poder Ejecutivo, fundamento del actual art. 76 de nuestra Constitución Nacional, establece que “ las facultades legislativas deben delegarse solamente a funcionarios públicos y no a personas u organizaciones privadas”( Pritchett Herman;”La Constitución Americana”; TEA; 1965; pag. 241). Lo expuesto demuestra que la Resolución administrativa atacada pretende delegar en entidades no estatales facultades que ni el H. Congreso de la Nación podría delegar en ellas. EL CASO FEDERAL El Frente Agropecuario dejó expresamente planteado, ante el Secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, el CASO FEDERAL por la presunta violación de las garantías constitucionales previstas por los artículos 14, 17, 19, y 28 de la Constitución Nacional. Por las razones precedentes, solicitamos la inmediata derogación de la Resolución N* 108/2001 (B.O. 21-2-2001) por su manifiesta inconveniencia e inconstitucionalidad. LOS RECLAMOS Como consecuencia, el Frente Agropecuario Nacional ( FAN ) reclama: A- La derogación de la Resolución N* 108 del 16 de Febrero de 2001 dictada por el entonces Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación Dr. Antonio Berhongaray, en razón de su manifiesta inconstitucionalidad, su inconveniencia, su falta de razonabilidad para alcanzar los fines enunciados, por multiplicar arbitrariamente las regulaciones, establecer normas de naturaleza legislativa, encarecer el servicio de sanidad soportado por los productores y crear entidades de derecho publico no estatal que superponen su actividad y sus costos a los propios del SENASA y a la tarea propia del productor pecuario. B- Que el SENASA asuma, respecto a sus acciones en los planes sanitarios plena y directa responsabilidad por las mismas. La Jerarquización sanitaria, técnica y económica del SENASA, organismo responsable de la sanidad animal de nuestro país, que no puede ni debe tercerizar sus acciones, menos aun, delegar funciones inherentes a su propia existencia. La participación de los productores, que consideramos necesaria, como en los casos de la lucha contra la fiebre aftosa, la brucelosis y la tuberculosis bovina, debe darse dentro de las diferentes áreas del organismo sanitario nacional pero de ninguna manera estableciendo nuevas organizaciones burocráticas paragubernamentales que solo terminarán beneficiando a unos pocos individuos y empresas. C- No burocratizar la estructura del SENASA agregándole entidades paraestatales dependientes de su presupuesto y/o del bolsillo de los productores. Debemos ser nosotros, los empresarios del agro, los que en forma directa vacunemos a nuestros animales y controlemos la sanidad de nuestros rodeos de acuerdo a las directivas que el organismo sanitario nacional y nuestra propia decisión dispongan. La vacuna contra la fiebre aftosa, que cuesta 0,25 $, aplicada por los productores de manera directa y sin costo adicional alguno, como lo proponemos, requeriría aportes del orden de los 15 millones de dólares anuales. Cifra significativamente inferior a la que tendrá que aportar el SENASA y/o los productores, de aplicarse cualquier plan sanitario según lo establecido por la resolución 108/2001, que repetiría la necesidad de aportes significativamente superiores y que ya tuvieron que afrontar los ganaderos durante toda la campaña anterior de vacunación ( entre 1 y 1,40 $ por animal inoculado y que significó un costo cercano a los 100 millones de dólares anuales ). Un claro ejemplo que podrá repetirse con todos los planes sanitarios y de control aplicados según la resolución en cuestión. D- Que, en el caso de la fiebre aftosa, el SENASA debe proveer por su cuenta y orden las vacunas correspondientes en tiempo y forma. Vacunas que los productores podemos aplicar con eficiencia y responsabilidad bajo el correspondiente control del SENASA. E- Que debe postergarse y modificarse el plan de lucha contra la brucelosis y tuberculosis bovina con excepción de la vacunación obligatoria de las terneras. F- La participación de los productores agropecuarios dentro de las estructuras del SENASA. Ad-honorem, en todos los ámbitos gubernamentales de su incumbencia ( Comisiones nacionales, provinciales y locales ) y junto a todos los sectores involucrados en la sanidad animal ( veterinarios, laboratorios, consignatarios y representantes de la industria, el comercio y el transporte de ganados y carnes.) G- Compulsar la opinión de los productores de nuestro país, con número de RENSPA habilitante. Mujeres y hombres del campo, a quienes previamente se debe poner en conocimiento, por todos los medios de información disponibles, de lo ordenado por la resolución 108/01. Frente Agropecuario Nacional