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Del Desarraigo al Desarrollo Rural

La salida de la convertibilidad y un nuevo esquema productivo con superávit fiscal y comercial, la recomposición de los precios relativos de los productos transables internacionalmente, aumentos considerables de los precios de alimentos y combustibles, y una demanda global activa sobre nuestra producción agropecuaria, han permitido al país y a los productores rurales salir de la mayor crisis económica y social de la historia agropecuaria argentina que se generó en los años ’90, con un modelo económico sin retenciones a las exportaciones.

Aquello resultó una verdadera tragedia agraria y social que provocó la desaparición de más de cien mil productores agropecuarios, quienes dejaron de serlo y se perdió así su cultura productiva.

Hoy, el campo se encuentra frente a un escenario conflictivo, complicado, sin propuestas superadoras y padeciendo escasa memoria colectiva. El Gobierno no atina a ocupar el centro de la escena y una secuencia de errores inconcebibles y desvíos macroeconómicos pueden conducir al sector agropecuario y al país en su conjunto a situaciones no queridas e impensadas pocos meses atrás.

Urge oxigenar y rejuvenecer el modelo productivo aplicado luego de la salida de la convertibilidad, y cambiar esa imagen, instalada por el conflicto agrario, del Estado fiscalista y solamente apropiador de rentabilidad, para convertirlo en eficaz generador de políticas activas tendientes a redistribuir los ingresos, controlar la inflación, mantener un tipo de cambio competitivo y propulsar un verdadero proyecto agropecuario nacional de largo plazo. Es imprescindible que la administración gubernamental ejerza con autoridad sus legítimas y legales facultades para participar en los mercados, fijar precios de referencia, controlar a las corporaciones con posiciones dominantes, producir semillas a través del INTA, favorecer el desarrollo local y regional con el INTI y el CONICET e incentivar las investigaciones científicas y tecnológicas al más alto nivel. Es decir, un Gobierno marcando con claridad el rumbo del crecimiento y la redistribución de la riqueza, y una Secretaría de Agricultura jerarquizada, predispuesta a debatir, consensuar y poner en marcha una matriz productiva que responda a los intereses de la Argentina como Nación, a los de la familia y la pequeña y mediana empresa rural como los ejes del desarrollo agropecuario nacional, y a los de todos los argentinos como ocupantes legítimos de un territorio privilegiado por sus recursos naturales.

Los derechos de exportación, o las llamadas retenciones, no pueden analizarse aislados del resto de las variables ni considerarse responsables universales de todos los males que nos aquejan. La sociedad, los medios, los dirigentes, deben evitar el análisis simplista y vacío de contenido, que reduce la discusión del problema agropecuario al tamaño de un poroto de soja, o al de unos puntos de retenciones a las exportaciones.

Proponemos focalizar la mirada sobre los verdaderos problemas que amenazan la existencia de decenas de miles de productores agropecuarios y solucionar los inconvenientes provocados por la aparición de capitales financieros golondrinas transformados en “productores virtuales”, reemplazantes en el campo de la figura de la familia rural. Se viene verificando una escalada del agronegocio economicista que no cuantifica los beneficios geopolíticos, sociales y culturales de preservar un tejido social del interior numeroso sustentado en la pequeña y mediana empresa rural como eje de su desarrollo.

En paralelo se da la presencia y consolidación de oligopolios formadores de precios, responsables de buena parte del actual contexto inflacionario, o el accionar de poderosas corporaciones exportadoras, agroindustriales y proveedoras de insumos estratégicos, con posiciones dominantes sobre los mercados, transfiriendo rentabilidad en desmedro de los eslabones más débiles de las cadenas agroalimentarias y de recursos del propio Estado nacional.

Frente a este contexto, el monocultivo de soja sobre grandes superficies sin agricultores y la crítica situación de productores de economías regionales, tamberos y criadores de ganado vacuno aparecen como ejemplos paradigmáticos de esa traumática transformación.

Decenas de miles de mujeres y hombres del campo son reconvertidos en arrendatarios al mejor postor de lo que antes eran sus explotaciones agropecuarias, mientras el desarraigo y el éxodo rural se inserta en este escenario como la mejor alternativa para los más vulnerables.

Preservar un tejido social del interior cohesionado, con pueblos y ciudades en franco desarrollo ocupando nuestro vasto territorio implica poner en marcha una verdadera política de desarrollo agropecuario de mediano y largo plazo que evite situaciones de quebranto o desventajas manifiestas como las descriptas.

Si entre Gobierno, organizaciones y dirigencias logramos un diálogo fluido sin condicionamientos, debates parlamentarios de excelencia, consensos mayoritarios al más alto nivel político, técnico e ideológico, entre partes dispuestas a entender, ceder y respetar al otro, y si la unidad del agro a través de un gran movimiento agropecuario nacional sin exclusiones de ninguna naturaleza se transforma en una realidad superadora de los desencuentros, los productores agropecuarios podremos continuar existiendo como tales, logrando, en lo económico, desarrollo sostenido y aumentos de producción; en lo ecológico y ambiental, sustentabilidad de los procesos; en lo geopolítico, una ocupación equilibrada de nuestro territorio; en lo empresarial, equidad y rentabilidad para los eslabones más débiles de las cadenas agroalimentarias, y en lo social, una justa y real redistribución de la riqueza.

Horacio Delguy

**Presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN)

**Vicepresidente Zona Pampa de la Confederación General de la Producción