La comunidad rural continúa inmersa en una estructura económica, financiera, productiva y comercial, caracterizada por cortos períodos de bonanza y prolongados de quebrantos, que expulsa productores, concentra y desnacionaliza la tierra, la agroindustria, el comercio y la exportación de los productos del agro.

Se perpetúa también una lógica economicista arcaica que compromete la ocupación equilibrada de nuestro territorio, dificulta el ingreso de nuevos productores, destruye la cultura productiva de la familia rural y afecta el paisaje, la ecología, a los pueblos del interior y las costumbres y tradiciones de nuestra gente de campo.

La Argentina tiene posibilidades de brindar a buena parte de su población un hábitat rural y una convivencia en contacto y simbiosis con la naturaleza que no debería desaprovechar. Pero para lograrlo, tal como lo han hecho los países centrales, las figuras de la familia y la pequeña y mediana empresa rural deben ser consideradas como el eje del desarrollo agropecuario nacional, y por lo tanto, el gobierno debe aplicar políticas activas orientadas en este sentido.

El salto cualitativo tecnológico a nivel mundial establece día a día nuevos esquemas productivos que imponen a las economías modernas potenciar el mercado interno y, de alguna manera, plantear la forma de cómo se redistribuye la mayor productividad de las tecnologías de punta que avanzan a pasos agigantados.

De no hacerse esto, el campo expulsará mas gente y el éxodo rural hacia los cinturones de pobreza de las grandes ciudades hará que los pobres sean más pobres, hasta constituir población sobrante absoluta que ya no servirá ni como consumidor, ni como mano de obra barata de las grandes ciudades o trabajadores a destajo de grandes corporaciones, porque éstas ya podrán reemplazarlos por sistemas automatizados más baratos.

Especialistas, pensadores y estadistas de todo el mundo alertan sobre estas cuestiones porque, además de criterios de justicia y equidad social, saben que descomprimir las grandes ciudades y distribuir su población en el espacio territorial es un aspecto prioritario para combatir la droga, el delito, la desocupación y buena parte del calentamiento global del planeta; éste último incentivado por una lógica hiperconsumista, de crecimiento indiscriminado y sin límites, que precariza las libertades individuales y amenaza el futuro de la humanidad.

No sólo la siembra directa sobre grandes superficies, maquinaria de gran envergadura, cultivos genéticamente modificados y la incorporación de altas dosis de fertilizantes y agroquímicos son sinónimos de tecnología, eficiencia y desarrollo sustentable.

El campo es mucho más que una simple discusión de márgenes brutos, aumentos de producción y rentabilidad: es territorio nacional que mayoritariamente debe ser ocupado de manera equilibrada por productores argentinos, y representa, además de un medio, también un modo de vida que permite a sus habitantes preservar y transferir cultura productiva y mantenerse alejados de los innumerables problemas que afectan a las grandes concentraciones humanas. Por esto, mantener la ocupación territorial con familias rurales, desarrollar los pequeños pueblos, parajes y comunidades del interior, proteger el bosque nativo y el agua, propiciar mercados locales, incentivar producciones orgánicas y cultivos intensivos, integrar la agricultura con la ganadería, aplicar insecticidas y fertilizantes biológicos, llevar a cabo practicas culturales no contaminantes del ambiente, preservar las especies y la biodiversidad e incentivar investigaciones científicas y tecnológicas independientes, también son cuestiones necesarias e imprescindibles para una agricultura, moderna y sustentada en principios e ideas que aplican los países más exitosos del mundo. Pero gran parte de la dirigencia política y empresarial argentina pareciera no comprender la importancia de debatirlas en conjunto.

No está demás decir que el desarrollo rural mencionado debe complementarse con estrategias de Estado que incluyan la salud y la educación, la vivienda y el bienestar social, los medios de transporte, la cultura y la seguridad para todos los pobladores, para revertir el estrago de lesa Nación que significa la persistente generación de pueblos fantasmas.

El Frente Agropecuario Nacional, desde su nacimiento como institución, ha denunciado los mecanismos de concentración económica y de la tierra, y a las visiones políticas y mediáticas que buscan dar prioridad a la generación de negocios agropecuarios en lugar de contemplar la totalidad del cuadro. No significa solamente que les falte perspectiva, sino que el esquema resulta funcional a unos pocos individuos y empresas, quienes desde adentro y desde afuera de nuestro país se benefician mediante la permanente y abusiva exacción de nuestras riquezas naturales. Igualmente usufructúan la apropiación del trabajo de los productores agropecuarios, quienes, sin alternativas, a pesar de lograr año tras año cosechas record, terminan quebrados, expulsados de sus explotaciones o arrendando sus tierras y sus máquinas al mejor postor.

Frente a los procesos de globalización mundial, cada día más difíciles de sostenerse sin ocupar territorios y sin desatar conflictos armados, hoy el concepto de nación es más vigente que en ningún otro período de la historia contemporánea. Un país sin freno para la globalización y con muchos propiciantes interesados para que esto ocurra, no tiene destino agropecuario para la familia rural ni de grandeza para sus habitantes. Y los reclamos legítimos de los productores, como el de eliminar las retenciones a las exportaciones, terminan siendo funcionales a estos intereses corporativos, concentrados, cartelizados o monopolizados de la economía.

No siempre los aumentos de producción son directamente proporcionales a los intereses de los que producen. El régimen de convertibilidad aplicado durante los noventa es un claro ejemplo que no puede ni debe caer en el olvido. La Argentina necesita producir más pero no de cualquier manera y a cualquier costo y condición. Ésta debe ser una premisa básica del proyecto agropecuario que se requiere diseñar para impedir una nueva ola de expulsados rurales y, más importante aún, para encontrar el camino de su desarrollo integral como Nación.

Decir la verdad a medias implica faltar a ella, y si bien es cierto que las retenciones a las exportaciones agropecuarias configuran un impuesto no deseado que debe eliminarse lo más rápido posible, este legítimo reclamo no debe ocultar que por detrás es impulsado por la poderosa e influyente estructura económica, financiera y comercial sobreviviente del régimen de convertibilidad. En la década de los noventa esta verdadera corporación de intereses concentró la tierra y la economía, dejó a una tercera parte de los productores agropecuarios fuera de sus explotaciones, endeudó al país y a todos los argentinos, y condicionó su poder de decisión. Y todo esto sin la reacción gremial del sector correspondiente a tamaña y desatinada aventura.

El árbol no puede tapar al bosque: las retenciones no configuran la madre de todos los males pero son parte de un paquete de impuestos distorsivos. No es menos cierto el error casi generalizado de la dirigencia sectorial al sostener que el campo está hoy frente a una crisis de rentabilidad terminal como resultado de la aplicación de este gravamen.

La rentabilidad del agro es la resultante de numerosas variables que debemos tener en cuenta para no equivocarnos o caer nuevamente en el engaño. Eliminar las retenciones, manteniendo el mismo esquema productivo y fiscal, y sin analizar sus consecuencias sobre los argentinos ubicados por debajo del nivel de pobreza, el pago de la deuda externa, el tipo de cambio, la tasa de interés, la estructura impositiva y la supresión de las retenciones a los hidrocarburos, implicaría aplicar un modelo macroeconómico similar al de la década de los noventa, responsable de la “Gran estafa del fin de siglo” y que condujo a la Argentina hacia la peor crisis de su historia.

La dirigencia agropecuaria debe plantear a sus representados y a los políticos de los ámbitos legislativos y ejecutivos gubernamentales las cuestiones de fondo que afectaron y todavía afectan a un tejido social del interior amenazado de extinción bajo el desamparo de un pensamiento único que manipula a la opinión pública. Los responsables de la tragedia de los noventa, hoy encaramados sobre reclamos legítimos de los productores, pretenden reinstaurar un modelo con dólar barato, endeudamiento interno y externo y déficit fiscal.

Sólo con una visión a largo plazo y fuerza gremial suficiente a través de un gran Movimiento Agropecuario Nacional, podremos lograr una Argentina agropecuaria desarrollada, con poder de decisión y dignidad, y con niveles de precios relativos y rentabilidad sustentables en el tiempo.

La Secretaría de Agricultura de la Nación y muchos de nuestros dirigentes deben salir de su hermetismo intelectual para permitir, a quienes pensamos que otra Argentina agropecuaria es posible, participar de un debate sin prejuicios ni condicionamientos. Nuestra propuesta está orientada a diseñar un proyecto de desarrollo agropecuario de mediano y largo plazo que incluya nuestras obligaciones como sociedad civilizada de modificar el destino de millones de excluidos y marginados en la extrema pobreza. Todos los habitantes de esta tierra deben tener esperanzas de trabajo, de progreso y de un futuro mejor. En síntesis, proponemos el debate abierto para acordar la política agropecuaria que signifique bienestar, justicia y dignidad para todos los argentinos.

Frente Agropecuario Nacional