Próximo a finalizar el Siglo XX y ante la inminencia del inicio del 3er. Milenio, este Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial – CONADUV – no puede eludir su propia responsabilidad como organismo creado y orientado a defender a usuarios de la red de caminos sometidos al absurdo régimen de peaje para mantenimiento, que desde hace más de diez años padece la comunidad en su conjunto.

Nada más oportuno, entonces, señalar las múltiples y simultáneas gestiones realizadas por este comité ante las más altas autoridades del área; Comisiones de Peaje y de Obras Públicas del Parlamento Nacional; Jefatura de Gabinete de Ministros; comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones; Secretaría de Defensa de la Competencia; SIGEN; Defensoría del Pueblo y otros organismos relacionados con el tema.

Todo este largo trajinar, parcialmente exitoso, no ha logrado erradicar definitivamente el sistema instaurado en la Argentina y lo que es más grave, aún, es que el proyecto de ley titulado “ Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura “ en su Art. 2do. Se contempla el Peaje como herramienta de recaudación en el ambicioso Plan Federal de Infraestructura 2000-2005, por 25 años desde el año 2003, o sea posterior al vencimiento de los contratos vigentes y posteriores, también, al período constitucional de las actuales autoridades.

Ello implicaría, lamentablemente, el peaje para mantenimiento, en rutas inadecuadas e inseguras, que no son autopistas ni autovías, con cruces a nivel, de automotores y formaciones ferroviarias, con animales sueltos sin responsabilidad de los concesionarios, se quedaría para siempre en la república Argentina.

Ante este desalentador panorama, el CONADUV hace pública su posición crítica a este régimen de peaje y fundamenta su criterio en los siguientes aspectos:

a- El régimen vigente no ha respetado ni respeta lo establecido en las leyes 17520 y

23696 que rigen en la materia.

b- Como no cumple con la premisa básica elemental que establece que la tarifa debe ser inferior al beneficio económico que el usuario recibe, el régimen es decididamente ilegal.

c- Que el sistema no genera ahorros y por lo tanto atenta contra el crecimiento nacional y no contribuye a la reactivación económica que la angustiosa situación social reclama imperiosamente.

d- Que las autoridades responsables, al propiciar la continuidad de un régimen conflictivo que ha generado toda clase de protestas, incurre conciente e inconcientemente en una complicidad consentida al desconocer el daño económico y social que la prolongación del sistema significaría.

e- Que los caminos son bienes de dominio público, pagados previamente por la sociedad argentina. No pertenecen a ningún Gobierno y menos aún, a los funcionarios de turno.

Disponer de esos bienes por 25 años posteriores al término del mandato constitucional, expone, a quienes dispongan ese tipo de medidas, al juicio público por el desempeño de sus cargos.

En contraposición, el CONADUV se ha dirigido al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Fernando de la Rúa, solicitándole que reflexione y adopte una actitud enérgica, valiente y justa. Y para ello:

Disponga el levantamiento de las cabinas para el cobro del peaje en las rutas nacionales y, sin rescisión de los contratos en vigor, reemplace el sistema por contrataciones de obra con utilización de los fondos específicos y aplicación de los sistemas similares a los utilizados en el resto de la red nacional.

Disponga de los fondos que se otorgan como subsidio a los concesionarios del régimen de peaje, los cuales ascienden a 100 millones de pesos ($ 100.000.000) anuales.

Contribuya con una decisión clara y terminante a corregir, siquiera parcialmente, la irracional distribución del ingreso nacional.

Evite los litigios, cortes de rutas, atascamientos de tránsito, quema de cabinas, represión policial, discrecionalidad de peajes provinciales, y el mal humor de una sociedad castigada, impotente y hastiada de ser esquilmada.

La Sociedad Argentina le quedará profundamente agradecida.

Mesa Directiva del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial

Desde el inicio de la convertibilidad y a pesar de padecer las consecuencias de una política económica equivocada se trató de convencernos sistemáticamente de que a pesar de estar mal nos iba bien.

Ahora, y luego de 10 años de un continuismo económico y pensamiento único casi esquizofrénico, el nuevo gobierno, opositor del que aplicó este modelo de convertibilidad durante la última década y acompañante intelectual de nuestras criticas a este sistema de peaje aun vigente, anuncia para el año 2003 su intención de firmar nuevos contratos de peaje. Una posición que nos sorprende en nuestra buena fe. Una política vial economicista, solo posible en ese país virtual que un ex presidente pretendía mostrar a través de anuncios de viajes interespaciales por la estratosfera . Un discurso que pretende justificar una política que admite que las rutas nacionales y provinciales se transformen en simples objetos de negocios particulares por encima del bien común y el bienestar general.

Un sistema de peaje que lesiona los derechos e intereses legítimos de millones de usuarios. Una verdadera red de aduanas interiores a nuestro juicio ¡legales e ¡legítimas.
Es por esto que rechazamos la prorroga de contratos que autorizan, el pago de tarifas abusivas hasta para poder trasladarnos desde nuestro campo hasta el pueblo mas cercano. Tarifas que los permisionarios y algunos funcionarios gubernamentales pretenden mantener de manera indefinida con la firma de nuevos contratos.

No podemos admitir que, por este.,supuesto servicio, en la práctica responsable de verdaderos derechos de tránsito debamos pagar, cada 10 años el equivalente de¡ valor del vehículo que transita por estos corredores viales.
Tampoco, combustibles con precios que duplican a los internacionales; tarifas que no cumplen con lo establecido por la Ley; sistemas de peaje, directos o indirectos que desfiguran el desarrollo vial nacional, impidiendo el crecimiento equilibrado de todo nuestro territorio.
No podemos admitir que el beneficio del usuario sea inferior a la tarifa establecida . Porque as! lo determina la Ley .

También creemos necesario jerarquizar y dotar de medios a la Dirección Nacional de Vialidad . Organismo imprescindible para poder desarrollar una verdadera política vial que contemple los 35.000 Km. de rutas sin concesionar y los mas de 200.000 Km. de caminos de tierra; hoy casi en el olvido. Mientras, los 9.000 Km. de corredores viales bajo este sistema de peaje continúan al servicio de la avidez económica de unas pocas empresas privadas en la mayoría de los casos, con ganancias exorbitantes.

Hoy estamos unidos a través de¡ "Comité Nacional de Defensa de¡ Usuario Vial"
levantando las banderas de¡ desarrollo de una verdadera infraestructura caminera para todo nuestro territorio. Alrededor de treinta entidades representativas de¡ transporte de cargas y pasajeros, de
profesionales del agro, de productores rurales y de empresarios de la pequeña y mediana empresa estamos juntos para reclamar un verdadero proyecto vial nacional que, con la participación institucion'ai de todos los sectores afectados, contemple los intereses de todos los argentinos y el desarrollo de todas las regiones .

Pero al cuestionar este sistema de peaje, ejemplo paradigmático de la injusticia y la discriminación padecida por la inmensa mayoría de los argentinos, implica también denunciar, junto con estas concesiones y ciertos proyectos viales inconsultos, la pérdida de la dignidad nacional y la entrega en condiciones inaceptables del patrimonio público y privado de todos los argentinos.

Energía, comunicaciones, puertos, líneas aéreas y empresas ferroviarias, petróleo y gas, agua y minerales son otros ejemplos de injusticia manifiesta que sumados al de los peajes continúan llevando a la quiebra a los pequeños, medianos y aún a grandes empresarios de¡ transporte, de¡ agro, de¡ comercio y de la industria nacional, agudizando a niveles intolerables la concentración económica, el éxodo rural, la quiebra de las economías regionales y la decadencia de los pueblos de¡ interior.

Hoy debemos advertir al gobierno que, de no mediar cambios, las movilizaciones de los usuarios viales serán las medidas de protesta que'mostrarán a la opinión pública nacional e internacional la imagen decadente de una argentina interior angustiada y excluida.
La imagen de millones de ciudadanos reclamando su legitimo derecho a participar como tales en una Argentina de todos y para todos los argentinos.

Ing. Horacio Delguy Secretario de Relaciones Institucionales del CONADUV Presidente del Frente Agropecuario Nacional