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Comunicado de prensa Nº 289

Buenos Aires, 8 de enero de 2010

 

Pizarras de granos sin cotizaciones y sin compradores, acuerdos oficiales que no se cumplen, exportadores que reciben trigo sólo a fijar y a largo plazo, exigencias comerciales y de calidad difíciles de alcanzar, cobro de fletes fantasmas y camiones cargados sin destino para su carga, constituyen las noticias escamoteadas que enfrentan día a día los productores trigueros argentinos en la presente campaña. Con ribetes de escándalo, del que nadie se hace cargo, se hace evidente la existencia de posiciones dominantes y mecanismos cartelizados inaceptables y de injusticia manifiesta para los que producen en el otrora llamado "Granero del Mundo".

Entre ‘gallos y medianoche’, y en plena cosecha, se ha generado una verdadera y efectiva "JUNTA PRIVATIZADA DE GRANOS", en la que los productores trigueros quedaron sin alternativas para comercializar su trigo y expuestos a la soberana voluntad del oligopolio molinero-exportador. Mediante un esquema perverso y ante la absoluta inopia oficial, sin riesgo productivo alguno y en presencia de una cosecha lograda, estos agentes económicos no sólo se cobran su renta o diezmo de la peor manera feudal, sino que asfixian comercialmente a los chacareros con condiciones de vasallaje. Obtienen beneficios extraordinarios en detrimento de la economía de decenas de miles de productores trigueros argentinos, necesitados de vender a cualquier precio el cereal cosechado para enfrentar sus compromisos.

Entre tanto, la ONCCA ha otorgado en las últimas semanas decenas de millones de pesos en compensaciones a los molinos de harina de trigo.

Frente a semejante despojo, el Gobierno Nacional debe fijar con urgencia un precio mínimo sostén para el trigo, real y efectivo, convirtiéndose, de ser necesario, en comprador/exportador de última instancia, instrumentando todos los mecanismos necesarios para impedir que unos pocos se apropien –otra vez- de buena parte de la renta legítima de los agricultores.

 

 

 

 

 

JUNTA PRIVATIZADA DE GRANOS

PRODUCTORES TRIGUEROS A MERCED DE UNA JUNTA PRIVATIZADA DE GRANOS PARA MOLINEROS Y EXPORTADORES

 

 

El Frente Agropecuario Nacional expresa:

 

 

Una política agropecuaria nacional de largo plazo requiere acciones de orientación y regulación de los mercados que impidan, como lo hacen todos los países, el ejercicio de posiciones dominantes en la comercialización, industrialización y exportación de cereales y granos oleaginosos.

 

 

En un contexto de políticas activas el Estado nacional, a través del Ministerio de Agricultura y sus organismos dependientes, debe lograr una justa distribución del ingreso, generar el desarrollo equilibrado de todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias, compatibilizar intereses con otros sectores de la economía, generar trabajo genuino, defender la figura de la familia rural como eje del desarrollo agropecuario nacional, instrumentar medidas para aumentar la producción y mantener precios internos que permitan alimentos en cantidad y calidad sobre la mesa de todos los argentinos.

 

 

 

Para lograr estos objetivos se requiere el funcionamiento de instituciones modernas que regulen los mercados con el objetivo de proteger a los eslabones más débiles de las cadenas agroalimentarias –productores y consumidores- frente a las poderosas corporaciones y oligopolios que dominan la comercialización con ganancias extraordinarias. Las experiencias internacionales, como las Juntas de Granos de Canadá o de Australia, muestran el efecto positivo de estas instituciones en la estabilización de precios y en la distribución de beneficios entre los distintos agentes y etapas, así como para el desarrollo de políticas más agresivas de comercio exterior, equilibrar movimientos de precios, impulsar la apertura de nuevos mercados externos, promocionar nuestros productos, garantizar el consumo interno, otorgar certificaciones de calidad o identificaciones de origen, estimular formas asociativas e integrar horizontal y verticalmente a las explotaciones productivas.

 

 

El Estado debe garantizar la competencia y la transparencia del comercio interno e internacional de la producción agropecuaria; a los productores, precios externos vigentes menos retenciones y costos de exportación; a los molinos, condiciones para llegar a intermediarios, industriales y consumidores con precios accesibles; y a los exportadores, utilidades que en condiciones normales no pueden estar alejadas de las del sector financiero en operaciones de bajo riesgo crediticio.

 

 

Proponemos la creación de una Junta Nacional de Granos como organismo esencial de transparencia local e internacional en el comercio granario, con excelencia técnica y con funcionarios elegidos por concurso y antecedentes. Alguna de sus atribuciones serán las de brindar información oportuna de cosechas, ventas y compras de los operadores, embarques, situación de mercados internacionales, o limitar la asimetría entre vendedores y grandes compradores. Consideramos propicio un organismo de proporciones moderadas, altamente calificado y concentrado en el conocimiento profundo de los mercados y con capacidad de operar ágilmente en el comercio. No se trata de engendrar una nueva oficina burocrática de controles desquiciantes sino una institución moderna que tenga como principal objetivo garantizar transparencia y competencia, y que cuente con mecanismos, recursos y facultades necesarias para resolver los problemas específicos.

 

 

Consideramos imprescindible la necesidad de diferenciar las condiciones comerciales para los pequeños productores a fin de garantizar su subsistencia económica y la pervivencia de la función social que representan para la integración territorial. Estas consideraciones hacen al sostenimiento y la radicación de las familias en el ámbito rural, la preservación de la vida económica de los pueblos del interior y a los aspectos culturales y de tradición del modo de vida rural.

Un organismo como el propuesto podría comprar a precios diferenciales al universo de productores que se consideren sujetos de esta política, financiando la diferencia con parte de la recaudación impositiva aplicada al sector, pero sin alterar el funcionamiento normal del resto del mercado. Podría clasificar a los productores rurales y establecer las condiciones que deben cumplirse para acceder a condiciones favorables de financiamiento de la actividad, a un régimen de retenciones a las exportaciones segmentadas, a cierto tipo de aval público para comprar en condiciones más favorables que las de mercado, a facilitar el desarrollo de los productores más chicos y los de regiones marginales sin afectar el comercio general en las zonas tradicionales y a formar stocks públicos de los productos sensibles (como el trigo) en la forma como lo hacía la Junta de los años ‘80, para su ulterior venta a la industria molinera para el consumo local.

 

 

De implementarse la propuesta planteada, inserta en un proyecto de desarrollo agropecuario nacional de mediano y largo plazo, se emprendería un rumbo diferente que, en el caso de la comercialización de los cereales y granos oleaginosos, contribuirá a establecer un sistema más justo y efectivo que los cierres o cupos de exportación, que han generado fabulosas transferencias de ingreso al sector exportador y a la molinería –en perjuicio de productores y consumidores, aunque también del Estado-, al tiempo que han desaprovechado oportunidades en el comercio exterior y resentido la confiabilidad del país como proveedor de productos agropecuarios.

 

 

TAMBIÉN SOMOS EL CAMPO

COMISIÓN DIRECTIVA FRENTE AGROPECUARIO NACIONAL

Carlos Urioste Horacio Delguy

Secretario Presidente

PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO NACIONAL

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

UNA JUNTA NACIONAL DE GRANOS MODERNA

COMPETENCIA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

DEFENSA DE LOS ESLABONES MÁS DÉBILES DE LAS CADENAS

PRESENCIA DEL ESTADO

POLÍTICA AGROPECUARIA